Los falsos autónomos son trabajadores registrados como “por cuenta ajena” cuando en realidad son asalariados, que operan en estructuras productivas con relaciones de dependencia o subordinación para quien resulta ser (por lo general) su único cliente, que se beneficia económicamente de esa figura fraudulenta al desentenderse de la cotización a la Seguridad Social equivalente a un 30% del salario bruto.

Esa figura lleva años establecida en el mercado laboral español, especialmente desde que a principios de la década pasada se produjo la proliferación de los negocios que se organizan a través de plataformas digitales con la puesta en marcha de la tarifa plana, que en la práctica rebajaba a la mitad las cotizaciones de los autónomos en sus dos primeros años de alta en el sistema.

Cuando se detectan estos falsos autónomos se impone la formalización de un contrato como indefinido con la antigüedad que resulte de la inspección junto con la regularización de las cuotas de la Seguridad Social. Esta búsqueda y detección de falsos autónomos no comenzó a darse con intensidad hasta hace cinco años y especialmente el año pasado, cuando, tras los dos de reducción por la caída de la actividad vinculada a la pandemia, los inspectores afloraron a 38.779 trabajadores, más de un tercio de los 102.673 del último lustro, en 13.450 actuaciones de inspección.

Pese a esta presión que va desplegando la Inspección de Trabajo, la presencia de falsos autónomos en el tejido productivo español sigue siendo elevada, según han vuelto a poner de manifiesto los datos de la Submuestra de la EPA (Encuesta de Población Activa) que recientemente ha difundido el INE (Instituto Nacional de Estadística) que cifra en 245.700 la media de falsos autónomos trabajando en empresas españolas a lo largo de 2022, 131.000 como trabajadores de base, 82.100 como encargados y 32.600 en puestos de mandos intermedios, en una cifra, esta última, que apenas fluctúa, lo que apunta a la ocupación de puestos estructurales en la cadena de mando.

La ‘ley rider’ acaba de entrar en vigor para regularizar las empresas de reparto, un sector precarizado que afecta a más de 15.000 repartidores, estas empresas están ahora buscando sortear esta ley a través de otras opciones como la subcontratación o la creación de falsas cooperativas. Deliveroo ha anunciado su intención de salir de España dos meses después de su entrada en vigor.

Pero los primeros falsos autónomos no son los ‘rider’ sino los médicos, arquitectos, abogados e ingenieros a los que clínicas y despachos facilitan los medios de trabajo y los clientes a cambio de un sueldo aunque formalmente figuran como trabajadores por cuenta propia.

¿En qué otros sectores operan esos falsos autónomos? Prácticamente en todos, con bolsas importantes en industrias como la cárnica y en las plataformas digitales de servicios.